Si tenemos en cuenta que bancos y cajas de ahorros se dedican a la intermediación del dinero, y que el dinero que prestan o invierten procede de los ahorros de los clientes, dejar caer una caja de ahorros supone poner en grave riesgo, precisamente, los ahorros de esos clientes. Por eso el Gobierno español se vio obligado a salir al rescate de las cajas. Y para salvar la primera oleada de cajas españolas que se caían, puso más de 22.000 millones de euros. Pero a la vista de la deuda que arrastraban las que venían detrás, Mariano Rajoy tuvo que pedir dinero prestado a Europa, otros 41.000 millones. Es bueno recordar que antes de que se iniciara la crisis, en el Estado había 46 cajas de ahorros, y que ahora sólo quedan seis que no han necesitado ningún tipo de intervención, ni pública ni privada. De esas seis ‘supervivientes’, tres son las cajas vascas, Kutxa, Vital y BBk. Ninguna de las tres necesitó ser rescatada y, por lo tanto, no han sido intervenidas. Pero quien presta pone condiciones, y tanto el Gobierno español comoEuropa, para recuperar su dinero, y sobre todo para que no vuelva a suceder lo mismo en el futuro, han impuesto una serie de medidas.

Por una parte, el Gobierno español ha tomado el control de las cajas rescatadas para ‘ sanearlas’ ( despidiendo a miles de trabajadores, cerrando cientos de oficinas, creando el ‘ banco malo’ al que traspasar todo el muerto del ladrillo, etc.) a fin de, una vez saneadas, intentar venderlas. A las seis que todavía siguen ‘ vivas’, porque son solventes, les obliga a crear bancos privados para seguir desarrollando su actividad (nosotros ya lo hicimos en 2012 viendo lo que venía, con el acuerdo de PNV, Bildu, PP y PSE). Pero, no queda ahí la cosa. Exigen, además, que las cajas, una vez dueñas de los bancos, se transformen en fundaciones bancarias, haciendo desaparecer las asambleas de las cajas y estableciendo que quienes las gobiernen no tengan cargos ni políticos ni sindicales. Y, por último, y para que no vuelva a suceder lo mismo y con el objetivo de proteger a los ahorradores, que esas fundaciones bancarias presenten un plan financiero que responda a la siguiente pregunta: «Tú, ¿y si el banco del que eres propietario entra en pérdidas, con qué capital vas a responder?».

Por supuesto, el Banco de España va a obligar a que la respuesta contenga medidas que sean creíbles. Y aquí se plantea el auténtico desafío de este momento. ¿Por qué? Porque las cajas tienen todo su dinero o capital invertido en el banco. El único capital disponible que tienen las cajas es el dedicado a la Obra Social. Fuera de eso, en las cuentas de las cajas no hay ni un euro. El valor del capital que Kutxa tiene en Kutxabank es de 1.500 millones de euros. Un patrimonio creado gracias al compromiso que históricamente han tenido sus clientes con Kutxa. Esa es la cuestión: ¿Cómo puede Kutxa conseguir capital, para poder responder a la pregunta? Solo existen dos alternativas: o destinando el dinero de la Obra Social o vendiendo parte de las acciones que tiene en Kutxabank. La ley ordena que si una caja es propietaria de más del 30% del banco, tendrá que responder a esa pregunta. No se conoce todavía la cuantía necesaria para responder a esa obligación. Y eso lo sabremos probablemente después de pasar el ‘stress-test’ al que van a someter a toda la banca europea en otoño. Es un examen para ver cual es la salud de cada banco.

Si superamos ese examen con buena nota, de manera que demostremos que Kutxabank está fuerte y que es difícil que entre en pérdidas, cabe esperar que la cantidad de capital que se requiera a Kutxa sea sustancialmente menor. Lo decidirá el Banco de España. Conclusión: ahora mismo, lo más importante es trabajar para que Kutxabank (banco en el que están el 40% de todos los ahorros de los guipuzcoanos) pase con buena nota ese examen. Es el mejor servicio que le podemos hacer a la Obra Social y a la sociedad guipuzcoana. Si Kutxa (al igual que BBK o Vital) no hubiera sido caja dentro de un Estado a punto de la bancarrota, habría podido elegir su camino, pero… es lo que hay. Otro de los costes de la dependencia de España.