Fueron las administraciones vascas quienes pusieron en marcha el primer sistema de garantía de ingresos en todo el Estado: el Plan de Lucha contra la Pobreza (1989), que derivó posteriormente en la Ley contra la Exclusión Social de 1998 y que acabaría siendo perfeccionada por la Ley para la Garantía de Ingresos y para la Exclusión Social de 2008. EAJ-PNV realizó una apuesta inequívoca por garantizar unos ingresos mínimos a las personas sin recursos, un sistema que hoy en día está configurado por la Renta de Garantía de Ingresos, la Prestación Complementaria de Vivienda y las Ayudas de Emergencia Social. Por otra parte, en 1982 y 1996 se aprobaron sendas leyes que fueron perfeccionadas con el tiempo hasta que en 2008 se aprobó la Ley de Servicios Sociales, reconociendo y regulando como derecho subjetivo el acceso a las prestaciones y servicios contemplados en dicha ley. También en 2008 se aprobó la Ley de Apoyo a las Familias, que reconoce el derecho a las ayudas por nacimiento, adopción y acogimiento, y que contempla las ayudas de conciliación familiar y laboral. No podemos olvidar un aspecto fundamental de las políticas de protección social: la función social de facilitar el acceso a una vivienda digna, adecuada y accesible a las personas que no pueden disponer de ella en el mercado libre, en especial aquellas en necesidad social debido a la crisis económica. Todo este sistema de protección social lo han llevado adelante las administraciones vascas con el objetivo de proteger a las personas más vulnerables de nuestra sociedad. La infraestructura social es sin duda la infraestructura más importante construida en Euskadi.

Debemos mencionar asimismo la Ley de Dependencia, aprobada en 2006 a nivel del Estado y que recoge unos servicios que en su mayoría, estaban ya siendo prestados por las administraciones vascas por iniciativa propia. Una ley que ha sufrido diversos recortes, retrasos e incumplimientos por parte del Estado, pero que se ha seguido desarrollando en nuestro país de forma modélica, por la voluntad de las administraciones vascas de atender a las personas en crisis de autonomía personal.

En definitiva, en relativamente poco tiempo nos hemos ido dotando de una política de protección social importante que ha arrojado resultados positivos en cuanto a cohesión social. Sin embargo la problemática actual de la persistencia de la crisis, el descalabro de los ingresos y recursos disponibles por parte de las administraciones públicas, la senda del déficit y la necesidad de cuadrar los presupuestos sin la posibilidad del recurso a la financiación ajena, acompañada por el incremento de la financiación del gasto de unas prestaciones y servicios cuyos beneficiarios han aumentado sustancialmente durante los últimos años, sitúan a las administraciones vascas en una encrucijada difícil en la que es importante adoptar, acordar y compartir decisiones políticas. Es muy gráfico el ejemplo del Gobierno Vasco en este sentido: en 2013 disponía de un presupuesto de 9.316 millones de euros, 1.132 millones de euros menos que en 2010, debiendo atender las necesidades básicas de 62.817 unidades familiares en 2013, 21.000 más que en 2009.

Debemos sentir el orgullo de disponer del Sistema de Protección Social más avanzado del Estado. Este sistema constituye uno de los principales activos actuales de Euskadi, contribuyendo de manera decisiva a prevenir la aparición y consolidación de las formas y expresiones más duras de la pobreza y de exclusión. La justicia social, el esfuerzo colectivo solidario, la solidaridad intergeneracional, la participación de la sociedad, son valores muy enraizados en la sociedad vasca, donde se ha interiorizado el valor humanista de renunciar de lo prescindible para que todas las personas puedan contar con lo imprescindible. EAJ-PNV ha apostado, y seguirá apostando por su compromiso con la protección social, en un momento de bajada de recursos públicos en el que la política social cobra si cabe, más sentido que nunca. Sin embargo, la complejidad de la situación es innegable. Todas las instituciones sin excepción han sufrido una merma de sus recursos, y un aumento de necesidades en el ámbito de la protección social. Es un problema que atañe a todos los partidos políticos sin excepción, y debemos estar a la altura de las circunstancias. Es el momento del diálogo entre todos los partidos políticos y entre todas las instituciones vascas para salvaguardar y garantizar nuestro sistema de protección social. Se trata de un reto que debemos asumir, debiendo priorizar la atención a las personas y dejando de lado la crítica política. Está en juego el sistema de protección social en el que creemos y del que nos hemos dotado, y debemos estar a la altura. EAJ-PNV está preparado. # prest