Concretamente, el Real Decreto al que se refiere el Comité Europeo modifica el copago farmacéutico, implanta el copago hospitalario, el del transporte sanitario no urgente, el de las ortoprótesis etc. Además, pretende cambiar el modelo sanitario, pasando de un sistema universal y sufragado con impuestos a un modelo vinculado a la cotización a la Seguridad Social. Con ese Real Decreto, el Gobierno Español pretende volver a un modelo ya caduco en el que resultan perjudicadas las personas más vulnerables. Sin olvidar que el Ejecutivo de Rajoy no ha contado con el consenso de las autoridades sanitarias de Euskadi para llevar a cabo el cambio. Al revés, ha optado por la vía de la imposición, vulnerando flagrantemente las competencias en materia sa nitaria recogidas en el Estatuto de Gernika.

Ante tal imposición, el anterior Gobierno Vasco decidió hacer frente a esas modificaciones mediante un decreto que regulaba el copago y aseguraba la atención sanitaria a inmigrantes en situación irregular. Pero el Abogado del Estado no tardó el recurrirlo y, en diciembre de 2012, el tribunal Constitucional dictó un auto que, por un lado, obligaba a aplicar el copago en Euskadi y, por otro, permitía atender a las personas inmigrantes. Una de cal y otra de arena. Es decir, avaló la regulación propia respecto a la atención a los inmigrantes y, al mismo tiempo, obligó a aplicar el copago farmacéutico. A la vista de la decisión del Tribunal, en julio de 2013, el Departamento de Salud que dirige el consejero Jon Darpón reguló el contenido del citado decreto con el objeto de prestar atención sanitaria a personas inmigrantes en situación irregular en Euskadi. Sin embargo, como viene siendo habitual, el Abogado del Estado lo recurrió alegando que invadía competencias exclusivas del Estado, aun sabiendo que este asunto estaba pendiente de resolver por el Tribunal Constitucional. Afortunadamente, la semana pasada hemos conocido que el Tribunal Superior ha suspendido el recurso del Abogado del Estado, dando la razón al Gobierno vasco. Por tanto, la Orden podrá seguir aplicándose con normalidad; al menos, hasta que el Tribunal Constitucional resuelva definitivamente sobre el conflicto de competencias.

Por lo tanto, en Euskadi, a diferencia de lo que ocurre en otras comunidades, podemos seguir manteniendo el carácter universal del Sistema Vasco de Salud. En efecto, la asistencia sanitaria está garantizada en igualdad de condiciones y con plena seguridad jurídica para todas aquellas personas en situación irregular siempre que acrediten el empadronamiento como mínimo durante un año. Pero, además, para aquellos casos en los que no se pueda acreditar dicho requisito, el Departamento de Salud ha previsto asignar médicos de familia que garantizarán la asistencia sanitaria.

A pesar de todo ello, creemos que no es suficiente y que las políticas de Salud que queremos desarrollar en Euska di no pueden estar condicionadas constantemente por decisiones políticas adoptadas unilateralmente por Madrid y que vulneran gravemente nuestras competencias. En esta ocasión, el fallo judicial nos ha sido favorable, pero podría haber sido lo contrario, obligándonos a aplicar esas medidas que el propio Comité Europeo ha tachado de discriminatorias.

Desde hace más de 30 años hemos sido capaces de gestionar nuestras propias competencias en materia sanitaria con gran esfuerzo y determinación por parte de pacientes, profesionales, agentes sociales y autoridades sanitarias. Y hemos logrado que nuestro sistema sanitario público vasco sea ejemplo de calidad asistencial y de bienestar, siendo capaces, además, de garantizar la sostenibilidad del sistema.

Es el momento de exigir, al igual que hace el Comité Europeo, que el Gobierno del PP abandone las políticas restrictivas en materia sanitaria. Pero también es el momento de denunciar el absoluto desprecio que ha vuelto a demostrar hacia el autogobierno vasco y la indefensión en la que nos he mos encontrado ante el ataque a las competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía.

Cada día queda más patente la necesidad de un nuevo marco jurídico y político de relaciones con el Estado Español. El actual Estatuto de Autonomía no satisface las demandas de la gran mayoría de la sociedad vasca. Si queremos seguir avanzando y garantizar mayor bienestar social en Euskadi, debemos profundizar en nuestro autogobierno para ser cada vez menos dependientes de decisiones de terceras personas entre cuyas prioridades, desde luego, no figura en primer lugar el bienestar de las personas que residimos en Euskadi.

En ese sentido, el Parlamento Vasco acaba de constituir una ponencia sobre autogobierno que busca actualizar la voluntad política de nuestro pueblo. Este es el momento. La sociedad nos exige actualizar el Estatuto de Gernika, entre otras cosas, para poder seguir fortaleciendo el sistema sanitario público vasco y garantizar el universal derecho a la protección de la Salud de todas las personas que vivimos en Euskadi.