El Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV) de Arrasate ha hecho un llamamiento al gobierno municipal de EH Bildu y Elkarrekin Podemos para que hagan un uso adecuado y prudente de los recursos públicos. Esta petición surge tras la reciente incorporación de un cargo de confianza en el gobierno municipal, cuya actividad ha generado preocupaciones sobre la gestión y utilización de los recursos municipales.

Según EAJ-PNV, desde mediados de diciembre hasta el 1 de febrero, periodo previo a la oficialización de su puesto el 2 de febrero, el mencionado cargo de confianza ha estado gestionando recursos municipales sin formar oficialmente parte del Ayuntamiento. Este hecho ha suscitado interrogantes sobre la legitimidad y la transparencia en el uso de los recursos destinados a todos los ciudadanos de Arrasate.

EAJ-PNV enfatiza que, durante los ocho años de su gobierno en coalición con el PSE-EE, no se nombró a ningún cargo de confianza de manera directa, reflejando una gestión diferente en la asignación de responsabilidades dentro del Ayuntamiento. El partido recalca que este enfoque aseguraba una administración basada en criterios de mérito y capacidad, alejada de prácticas partidistas.

La formación nacionalista también ha resaltado el impacto económico de la decisión actual del gobierno municipal, señalando que el asesor de confianza de la alcaldesa Maider Morras supondrá un costo anual para las y los arrasatearras de 58.388,48 euros. Este gasto incrementa el coste total del Gobierno Municipal de EH Bildu y Elkarrekin Podemos en Arrasate a 356.935 euros, comparado con los 269.622 euros del anterior gobierno de PNV y PSE-EE, lo que representa un aumento de 87.313,02 euros anuales. De esta diferencia, 58.388,48 euros corresponden al coste asociado al nuevo cargo de confianza.

EAJ-PNV Arrasate hace un llamado a la responsabilidad y a la gestión prudente de los recursos públicos, subrayando la importancia de la transparencia y la equidad en la administración municipal. El partido insta al gobierno municipal a reconsiderar esta y otras decisiones similares que puedan afectar la eficiencia y la justicia en el uso de los fondos municipales.