La petición que el pleno del mes de septiembre, apoyada por Abotsanitz, Eh Bildu y PSE ha sido un grave error, ya que, según la Ley estatal de Vivienda, Hondarribia no cumple las condiciones para ser declarada área tensionada y esa herramienta legal no permitirá controlar el precio del alquiler de las viviendas.

Cabe recordar que esta ley contó con el apoyo del PSOE y de Bildu en el Congreso de los Diputados y que Abotsanitz la toma como referencia para gestionar la política de vivienda de nuestro municipio, abandonando las oportunidades que abre la aprobación del PGOU. Por esta razón, hay que recuperar el ritmo de tramitación del PGOU que dejó el anterior gobierno municipal del PNV. No entendemos que tanto Bildu como Abotsanitz quieran buscar en Madrid la solución a los problemas cuando en este momento la mejor herramienta para gestionar la promoción de viviendas públicas es competencia del Ayuntamiento de Hondarribia.

EAJ-PNV tiene claro que la la forma de avanzar en materia de vivienda es la construcción de viviendas públicas, tasadas y en régimen de alquiler y viviendas privadas que den respuesta a la demanda actual. Y para ello, la única herramienta válida es el Plan General de Ordenación Urbana.

Lo tenemos y teníamos tan claro que avanzamos todo lo que pudimos en la tramitación del  PGOU hasta mayo. Fuimos el único partido que votó a favor de suspender temporalmente las nuevas licencias para viviendas turísticas, sabiendo que este fenómeno distorsiona el mercado de la vivienda. Todos los partidos de la oposición votaron en contra de esa propuesta.

En este momento, el gobierno actual quiere, aunque no lo admita clara ni públicamente, cambiar el enfoque y el espíritu del plan. Les pedimos que sean transparentes y acepten ante la ciudadanía que ese trabajo va a provocar un gran retraso en la puesta en marcha de promociones de vivienda pública.

Los acuerdos que sirven para protagonizar titulares en el periódico no sirven en este caso para dar solución a la situación actual.

Solicitamos, una vez más, que se acelere el ritmo de tramitación del PGOU, que se priorice el hecho de poder construir viviendas públicas sobre otros debates, y que no se trate de confundir a la ciudadanía con campañas propagandísticas mientras desde la gestión municipal se ralentiza la solución.