"Exigir que una persona empleada del sector público tenga el conocimiento de las dos lenguas oficiales del territorio, no es discriminatorio. Al contrario, es esa exigencia la que garantiza los derechos lingüísticos de la ciudadanía. Nos resulta incomprensible la actitud de algunos grupos políticos que en estas Juntas Generales de Gipuzkoa no comparten la defensa de los derechos lingüísticos de los ciudadanos de este país. O que hagan caso omiso al cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 6/1989, de la Función Pública Vasca al respecto. Creemos necesaria la defensa más absoluta del euskera ante los ataques que viene sufriendo, tanto desde el poder judicial, como por parte de algunos grupos políticos que con su voto y la actitud mostrada hoy rompen claramente el consenso en torno a la normalización lingüística”, ha señalado la portavoz de EAJ-PNV en la comisión de Igualdad Lingüística en las Juntas Generales de Gipuzkoa Saioa Bandres, sobre el cumplimiento de los derechos lingüísticos de la ciudadanía en la provisión de las plazas de cuidador de la Fundación Uliazpi y de los puestos de trabajo de la Administración. “Los empleados públicos están al servicio de la ciudadanía, a la que deben atender, entre otros aspectos, en el idioma que ellos y ellas elijan”  ha continuado. Sólo así se garantiza la igualdad lingüística y los derechos lingüísticos de toda la ciudadanía. La población euskaldun tiene todo el derecho a hablar en euskera con todos y todas las servidoras públicas, y en todos los ámbitos administrativos.

La portavoz jeltzale ha destacado que “gracias al esfuerzo conjunto de instituciones y ciudadanía  hemos avanzado mucho en la consecución de la igualdad lingüística y en la recuperación del euskera. Y desde estas Juntas Generales de Gipuzkoa volvemos a manifestar nuestra firme determinación en defensa de la normalización y defensa de los derechos lingüísticos. Por todo ello, los grupos junteros Eusko Abertzaleak EAJ-PNV y EH Bildu hemos aprobado hoy en comisión, una enmienda transaccional en la que instamos a la Diputación Foral de Gipuzkoa a mantener su compromiso de salvaguardar los derechos lingüísticos de los ciudadanos y ciudadanas, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 6/1989, de la Función Pública Vasca, esto es, defendiendo que era y es necesaria la inclusión de los perfiles lingüísticos asignados a cada puesto de trabajo y, en su caso, su fecha de preceptividad, en la relación de puestos de trabajo. Instamos del mismo modo al ente foral a llevar su deber de defender los derechos lingüísticos de la ciudadanía hasta su último término, acudiendo a los tribunales y presentando los recursos pertinentes en defensa de dichos derechos, y en el caso concreto de la Fundación Uliazpi – ha matizado Saioa Bandres – poder mantener así la convocatoria para la provisión de treinta y cuatro plazas de cuidador”. En el último punto de la enmienda las Juntas Generales instan a la Diputación Foral a continuar posibilitando, dentro del proceso de normalización del euskera en Euskadi, el ejercicio de los derechos lingüísticos de la ciudadanía en Gipuzkoa, cumpliendo con las obligaciones de la Administración pública, para la construcción de la equidad y la igualdad en la sociedad a través de la capacidad de decisión y el consenso político y social de las últimas décadas.

Bandres ha finalizado señalando que, “Estas Juntas Generales de Gipuzkoa manifiestan que exigir a un empleado público el conocimiento de las dos lenguas oficiales de la comunidad autónoma de Euskadi, no es discriminatorio, sino que garantiza los derechos lingüísticos de la ciudadanía. La población euskaldun tiene todo el derecho a hablar en euskera con todas y todos los servidores públicos. Por todo ello, desde estas Juntas Generales defenderemos hasta su última instancia, el camino emprendido en el proceso de normalización del euskera y defensa de los derechos lingüísticos”.