El Euzkadi Buru Batzar quiere expresar públicamente la sorpresa, disconformidad y preocupación con que ha acogido la sentencia que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) notificó el pasado 11 de mayo al Ayuntamiento de Irun y en la que considera “discriminatorio” exigir el conocimiento del euskera para acceder a una plaza en la Policía Local. En el citado fallo se viene a asegurar que es suficiente con que una o uno de los dos agentes de cada patrulla pueda expresarse en euskera para garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía. En su reunión celebrada ayer lunes, el EBB analizó esta cuestión y hoy quiere manifestar lo siguiente:

-Queremos expresar la sorpresa, disconformidad y preocupación que nos ha provocado la referida sentencia, contraria a la realidad del país. Este fallo lesiona los derechos lingüísticos de la población euskaldun, erosiona el autogobierno de las instituciones vascas y limita la autonomía con que cuentan los ayuntamientos. Consideramos tan oportuna como obligada la interposición de recurso por parte del Ayuntamiento de Irun.

-La política lingüística desarrollada y aplicada en las diferentes administraciones de la CAPV es muy flexible, adaptada siempre a las diferentes realidades sociolingüísticas existentes, y debe seguir en vigor conservando estas características de flexibilidad y adaptabilidad.

-El Decreto 86/1997 establece que los puestos de trabajo de Policía Local tienen carácter preferente por su carácter prioritario por ser puestos de cara al público, de modo que son esenciales a la hora de garantizar los derechos lingüísticos de toda la ciudadanía. En 2016, según datos del EUSTAT, el 60,32% de la población de Irun sabía euskera.

-La convocatoria para la Policía Local de Irun cumple la legislación vigente y cuenta con el informe favorable de la Viceconsejería de Política Lingüística del Gobierno Vasco. También cuenta con su visto favorable el Plan de Uso del euskera del citado consistorio.

-La Ley Básica de Normalización del Uso del Euskera de 1982 y el posterior desarrollo legislativo ponen en el centro los derechos lingüísticos de la ciudadanía, mientras que la sentencia del TSJPV lesiona y menoscaba su derecho a utilizar el euskera en su relación con la Administración. La población euskaldun debe tener, y tiene, pleno derecho a hablar en euskera con todas y todos los trabajadores públicos.

-Por todo ello, consideramos que la sentencia del TSJPV viene a poner en cuestión la política lingüística desarrollada los últimos 40 años en Euskadi en defensa y promoción del euskera, política que cuenta con el respaldo mayoritario de la ciudadanía vasca y cuyas iniciativas han superado todos los controles administrativos y jurídicos según han ido entrando en vigor. El Tribunal, con su fallo, viene a socavar los sólidos cimientos que las vascas y los vascos hemos sido capaces de asentar en el proceso de normalización del uso del euskera en las administraciones púbicas.

En su reunión de ayer, las y los burukides del Euzkadi Buru Batzar también compartieron su preocupación por la situación del euskera en la Comunidad Foral de Navarra, donde reiteradas decisiones judiciales, a las que se suma la falta de voluntad política, se están convirtiendo en un muro para poder dar pasos adelante en la normalización lingüística y para garantizar los derechos y evitar la discriminación de la población que conoce y utiliza el euskera.