Mientras  la izquierda abertzale, tal y como recogen los estatutos de Sortu, “no rompa definitiva y claramente con los modelos organizativos y formas de funcionamiento de los que se ha dotado ese espacio social y político en el pasado e impida su instrumentalización por organizaciones que practiquen la intimidación o la violencia”, los dirigentes de EHBildu no orgánicos de Sortu tendrán serios problemas de definición y calificación de las acciones y los hechos ocurridos (pintadas en sedes de partidos políticos, señalamiento e intimidación a dirigentes) que requieren simplemente de una condena o un rechazo inapelable.

Sin embargo, la izquierda abertzale rechaza, condena y hasta aborrece la violencia si le reporta algún beneficio práctico. Esto es, si para evitar entrar en prisión o reducir penas de cárcel es preciso condenar la violencia y hasta la historia de ETA, se hace. Resulta ser un posicionamiento utilitarista puro y duro, despojado evidentemente de cualquier consideración ética. En definitiva, resultan muchísimo más convincentes los argumentos de un  fiscal de la Audiencia Nacional o del Tribunal Supremo del Reino de España que la demanda de posicionamiento que reiteradamente les exige la sociedad vasca. Es lo que denominan “utilización revolucionaria  de la legalidad burguesa”.

Afortunadamente, estamos en una nueva fase que, en todo caso,  precisará, como hasta ahora, de la contundencia y paciencia democráticas de la mayoría de la sociedad vasca para erradicar definitivamente comportamientos y hechos que perturban la convivencia.