Coincidiendo con el 70 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Grupo Vasco considera que “ha llegado el momento de poner en pie medidas concretas para el reconocimiento y reparación de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos por haber padecido torturas, tratos crueles o degradantes en el periodo democrático y en el contexto de la lucha contra el terrorismo injustificado de ETA”. Por ello, ha formulado hoy una interpelación al Ministro del Interior al respecto.

“Es momento de verdad y justicia. Estas víctimas han estado esperando demasiado tiempo porque las instituciones se han retrasado en su reconocimiento y reparación. Se trata de abrir la senda de la verdad, la justicia y la reparación y de abrir un camino hacia la paz, la reconciliación y la convivencia”, ha señalado Mikel Legarda, portavoz de Interior del Grupo Vasco.

Legarda ha explicado que esta senda de reconocimiento se inició con la llamada Ley de Memoria Histórica, referida al periodo preconstitucional, “cuando es notorio que se recurrió a métodos represivos propios de todo régimen no democrático”. Sin embargo, “este mismo reconocimiento y reparación”, ha señalado Legarda, “se muestra más problemático cuando se refiere a la actual etapa constitucional”. En todo caso, ha recordado que ha habido “alguna tímida reacción” como la creación, en el Congreso de los Diputados, de una Comisión de Investigación de presuntos malos tratos a detenidos en el País Vasco, creada en el año 1979, el informe elaborado por la ahora alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, junto al Obispo Uriarte, o el documento que recientemente se ha presentado en Euskadi, referido a estas prácticas entre 1960 y 2014.

“Estas víctimas existen, no son una ficción y han quedado objetivamente reconocidas también en distintos informes de organismos internacionales de derechos humanos” como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, “que han expresado reiteradamente y coincidentemente su preocupación por que el fenómeno de la tortura en España no ha sido superado o porque su existencia no puede reducirse a una mera casuística solamente incidental o esporádica”. Frente a estos hechos, “el Estado ha mostrado una completa inactividad”, ha denunciado el diputado jeltzale, “que de modo sistemático ha negado la existencia de tales prácticas, lo cual no ha sido más que un indicador más de la falta de voluntad y de ocultar los sufrimientos injustos de las víctimas”.

Legarda ha señalado también que “las acciones terroristas no justificaron ni una sola vulneración mediante abuso de poder, pero la existencia de vulneración de DDHH no puede ser presentada como un enfrentamiento entre violencias provocado por un conflicto político”. En este mismo sentido, ha asegurado que “no se pretende equiparar violencias ni justificar la violencia terrorista, ni erosionar el Estado social y democrático de derecho sino reforzarlo”. Y ha reclamado al Ministro Marlaska tratar esta cuestión con “prudencia, consenso y sensibilidad porque el objetivo no es erosionar la convivencia sino normalizarla y construirla desde la memoria y reparación de cualquier violación de derechos humanos”.

“Si los derechos humanos dejan de promocionarse, comienzan a debilitarse” y por eso ha añadido que “es un compromiso que debe renovarse a diario, singularmente por todas las instituciones y en todas sus acciones y decisiones”, ha zanjado.

El Grupo Vasco recuerda que como consecuencia de esta interpelación se presentará una moción que será debatida y sometida a votación del Pleno el próximo martes, 18 de diciembre.