El juntero jeltzale, Ezeizabarrena, ha subrayado que “la clave en este estudio reside en la Nora Foral 7/2008 por la que se aprueba el documento de progreso del Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Gipuzkoa, que salió adelante con el apoyo mayoritario de las Juntas Generales. Se trata de una norma foral de obligado cumplimiento que la Diputación Foral de Gipuzkoa gobernada por Bildu se ha negado a cumplir desde el principio en base a criterios exclusivamente políticos. Esto es, la Diputación no ha tenido ninguna motivación jurídica para justificar el incumplimiento de la norma foral”.

Xabier Ezeizabarrena ha destacado que “de las palabras del Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma Vasca destaca el hecho de que queda probado que existe un importante perjuicio económico para las arcas del ente foral. La decisión de suspender la incineradora trajo el consiguiente pago de indemnizaciones millonarias a las empresas encargadas de la construcción de la planta incineradora de Zubieta por no hacer nada. Además, la Diputación continua manteniendo el cobro de una tasa a toda la ciudadanía, que está pensada en base a la misma norma foral que no quiere cumplir, lo que exige la necesidad de adecuar dicha tasa”.

Asimismo, Xabier Ezeizabarrena ha pedido que se aclare “si existe algún informe o advertencia jurídica sobre si la tasa o los acuerdos que se han adoptado en el Consorcio contravienen la norma foral vigente” y que “se facilite a la comisión los informes necesarios para poder llevar a cabo el estudio sobre la gestión de GHK de la manera más fiel posible, cosa que la Diputación ha evitado hacer hasta la fecha”.

Para finalizar, Xabier Ezeizabarrena ha denunciado que “de las dos comparecencias también ha quedado claro que esta legislatura el asesoramiento jurídico de la Diputación al Consorcio de Residuos de Gipuzkoa ha sido prácticamente inexistente. Eso supone una gran diferencia respecto a la anterior legislatura en la que se consultaban casi todas las decisiones a adoptar, lo que deja a las claras que Bildu sigue con su modelo de imposición y falta de transparencia”.